Los accidentes viales que involucran todo tipo de usuarios de vehículo y peatones sigue siendo una preocupación para la secretaría de Tránsito de Cúcuta, entidad para la cual la culpa recae en el Gobierno Nacional por la laxitud en materia de inmovilización de los vehículos, en especial cuando se trata de imponer sanciones por embriaguez.

Para José Luis Duarte, titular de la dependencia, “falla el Gobierno Nacional porque la norma es muy flexible” y a los conductores ebrios se les inmoviliza el vehículo entre uno y 20 días, razón por la que “no les importa siquiera el comparendo, porque al final siempre les entregan el vehículo”.

Al respecto, afirma que una solución sería reducir el monto del comparendo “porque 37 millones de pesos no los paga nadie, y el problema es para tránsito porque se forma una cartera”.

“Mejor, o paga la multa completa, o espera hasta que se termine la suspensión de su licencia, y ahí sí se pondría en cintura a los conductores”, afirma.

Para el caso local, se esperan avances en el cobro, a través de la concesión de tránsito, la cual se encargada junto con los inspectores de policía, de citar, fallar, exonerar, o efectuar los cobros persuasivo y coactivo.

Si la concesión cumple las metas, la secretaría podría ser sostenible “al cien por ciento en tres años”, según cálculos del funcionario.

Sin embargo, la dificultad radica en los vehículos venezolanos, por los que nadie responde, aunque con la posibilidad de internación, se podrían tener los datos y dar seguridad a la ciudad, “porque son estos vehículos los que más hacen caso omiso a las normas de tránsito”.

Otro de los desafíos es la cultura vial pues, según Duarte, “a estas alturas de la vida, siguen conduciendo sin Soat, sin revisión técnico-mecánica, sin licencia”.